¿Censura cinematográfica? o ¿publicidad?
El 2 de marzo una jueza federal emitió la orden de prohibir la proyección del documental Presunto culpable, dirigido por Roberto Hernández. El Consejo de la Judicatura explicó que la medida obedece a que el quejoso Víctor Manuel Reyes Bravo no autorizó que su imagen, incluida en la mencionada cinta como testigo en un careo, apareciera, por lo que la jueza Blanca Lobo Domínguez ordenó una suspensión provisional de la exhibición del filme.
“No es censura”. Más que una película “es un movimiento ciudadano que exige un mejor sistema de justicia; con la orden de suspensión de exhibición que fue girada por una integrante del Poder Judicial, se hace evidente que coartar la libertad de expresión no es el camino para lograrlo”, dijo en conferencia de prensa Alejandro Ramírez, director general de Cinépolis. “Vaya, no es censura en el sentido tradicional, históricamente, la censura venía de la Secretaría de Gobernación y de RTC, no es el caso, por eso la película lleva dos semanas exhibiéndose, no hemos utilizado la palabra censura, simplemente nos parece sorprendente, sospechoso, que de repente surja una orden judicial que dicte una suspensión provisional de la autorización para exhibir la película, que es el diagnóstico más duro que se ha hecho del sistema de justicia en nuestro país”.

